Condenan a Monforte a pagar 7 millones a la adjudicataria del polígono de Walaig

23-12-2016   |  Visitas:469

La localidad se convertiría en la más endeudada de España si el recurso se queda sin efecto.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Alicante ha condenado al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar siete millones de euros a Intersa Levante en concepto de obras realizadas en el polígono industrial de Walaig, gastos de gestión y lucro cesante. Y esta cantidad, que impone a cada monfortino el pago de 1.000 euros para hacerle frente, podría aumentar ya que Monforte también está condenado en costas e intereses de demora.
Los grupos que conforman el actual gobierno –IU, PSOE y C's– han reaccionado con perplejidad al desconocer la existencia de tal contencioso, dado que no se le había notificado nada por parte de los anteriores secretarios ni por el letrado que llevaba la causa, cuya demanda se interpuso en 2011.




Cabe recordar que el polígono Walaig tiene como propietario mayoritario a SEPES y en 2006 se licitó la condición de urbanizador por gestión indirecta, de cuyo concurso resultó adjudicataria la empresa Intersa Levante, que es la que llevó al Ayuntamiento a los tribunales. Tras tres sentencias anulando la tramitación del plan parcial por un defecto de forma en la publicación de la licitación y posterior adjudicación en el BOE, el anterior gobierno local del PP rompió relaciones con SEPES, llegando la exalcaldesa Antonia Cervera a no recibir a la directora general de SEPES cuando visitó Monforte.
A partir de ahí el sector quedó en un limbo jurídico en el cual ni la anterior Administración local actuó, ni el SEPES colaboró para desatascar una situación caótica.
Tanto la alcaldesa María Dolores Berenguer como los portavoces Vicente García, del PSOE, y María Teresa de las Nieves, de C's, han manifestado que de tener que pagar los siete millones de la sentencia, junto al débito bancario de diez millones y los contenciosos que aún quedan por resolver, Monforte podría estar en una gravísima situación de bancarrota, ya que el total de la deuda podría alcanzar los 35 millones de euros.
Por otra parte, la misma sentencia admite que el propio representante legal del Ayuntamiento no ha hecho sus deberes diciendo textualmente que «cabe poner de relieve la falta de concreción del escrito de contestación a la demanda presentado por la Corporación demandada».
La alcaldesa ha admitido su «profunda preocupación por esta situación ya que podríamos llegar a convertirnos en el pueblo más endeudado de España». Por eso el Ayuntamiento investigará si ha habido negligencia o responsabilidad personal de quienes participaron en la tramitación del expediente y, en tal caso, no se descarta adoptar medidas legales contra ellos.
Pero de momento la sentencia va a ser recurrida y el gobierno monfortino anuncia su «máximo esfuerzo y empeño» por tratar de revertir la actual resolución judicial.


Fuente: www.diarioinformacion.com


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