La Comisión Europea ha exigido al Gobierno de España que elabore un plan de recuperación de los acuíferos de la Mancha Oriental y del Vinalopó como condición inexcusable para financiar el Trasvase Júcar-Vinalopó (TJV). La Comisión ya ha comunicado a España las nuevas condiciones vigentes para la ejecución de las obras del TJV y, como era previsible tras la polémica desatada, las instituciones europeas han puesto especial atención en los problemas medioambientales que genera la infraestructura.
Según documentos oficiales a los que Levante-EMV ha tenido un acceso parcial, el Gobierno ha aceptado todos los condicionantes. «Por el Gobierno de España no existe inconveniente alguno en aceptar íntegramente las nueve condiciones de carácter ambiental incorporadas al Anexo II», asegura en la respuesta. Y se compromete a ejecutar diversos planes en la cuenca del Júcar siguiendo las imposiciones europeas que deberán estar operativos antes del año horizonte de 2012. La Comisión propone diversas «condiciones» que a su juicio deben formar parte de la decisión modificativa del Gran Proyecto Júcar-Vinalopó cuya redacción final se dará a conocer en los próximos días. Entre éstas, figura la recuperación de los acuíferos de la Mancha Oriental y del Vinalopó, «de forma a conseguir paulatinamente su recarga y un equilibrio piezométrico con horizonte 2012». Es decir, que en ese año las extracciones máximas deben ser al menos similares a la recarga media anual para, a partir de ese momento, iniciar un proceso de recuperación.
Proceso de equilibrio
En su respuesta a Europa, el Gobierno avanza cuáles serán algunos de los contenidos de estos planes, en especial en los relativos a los acuíferos de Villena-Vinalopó, aunque resulta parco en lo que se refiere a la Mancha Oriental, donde pese a no estar exento de dificultades, el proceso de equilibrio en el acuífero podría ser más rápido que en el Vinalopó. Fuentes próximas al Ministerio de Medio Ambiente restaron relevancia al hecho de que en la respuesta a Europa apenas se hable del problema de La Mancha y dijeron que tanto los planes previstos en la Mancha Oriental como las que definitivamente se apliquen en el Vinalopó se presentarán antes del 31 de julio de 2007, que es la fecha tope marcada por la propia Comisión Europea.
El Gobierno sostiene que aunque el trasvase está destinado primordialmente a la recuperación del acuífero del Vinalopó, los aportes de agua que proporcione la infraestructura pueden ser insuficientes si no van acompañados de otras medidas de gestión. Así, se anuncia que las extracciones no sostenibles destinadas a usos urbanos en las comarcas de l’Alacantí, Baix Vinalopó y Marina Baixa se irán cancelando según entren en servicio las desaladoras del Programa AGUA.
Por otra parte, las extracciones no sostenibles destinadas a usos agrarios «podrán ser canceladas y sustituidas obligatoriamente» por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de acuerdo a la Ley de Aguas, lo que en la práctica significa que la CHJ puede obligar a los agricultores de las comarcas alicantinas a que abandones sus pozos y usen por imperativo legal el agua del trasvase.
Los usuarios pagaran el coste del agua trasvasada vía tarifa y a un precio similar, dice el Gobierno,al que tiene actualmente extraer el agua del acuífero y que resulta muy elevado debido a la profundidad a la que se encuentran las aguas. Incluso aquellos que continúen utilizando agua de sus pozos podrían ser obligados a pagar un canon «en concepto de mejora de la garantía» así como de elevación de los niveles de los acuíferos y consiguiente abaratamiento de la extracción.
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J. Sierra, Valencia