El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dejado claro que, pese a la posición del Gobierno de España, el trasvase del Tajo al Segura es “irrenunciable porque el Tajo es irrenunciable”. De hecho, el dirigente socialista ha asegurado que la Abogacía de la Generalitat examinará el decreto aprobado por el Gobierno para ver si hay cuestiones lesivas para la Comunidad Valenciana y, de ser así, poder recurrirlas a los tribunales.
Asimismo, el jefel del Consell ha anunciado en el transcurso de la sesión de control en les Corts que la Generalitat va a establecer una línea de ayudas para rebajar en 10 céntimos el precio del agua procedente de las desalinizadoras.
Como ayer explicó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Gobierno central tiene previsto fijar el precio del agua desalada en 0,34 céntimos por metro cúbico, por debajo de los 0,36 céntimos que planteaba inicialmente. Con la ayuda prevista ahora por la Generalitat Valenciana, el precio a pagar se situará en 0,24 céntimos para los regantes.
Además, Puig ha avanzado también que va a solicitar la Constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras que garantice agua para siempre en la Vega Baja. Una comisión, ha explicado, en la que el Consell quiere que estén también los regantes representados para que puedan fiscalizar en primera persona las obras.
La ministra Teresa Ribera aseguró ayer que el recorte máximo que sufrirá el suministro de agua del Tajo al Segura, “en el peor de los escenarios”, será de entre 70 y 100 hectómetros cúbicos, y que la aportación añadida que se logrará utilizando agua desalada y reutilizada podría alcanzar los 140 hectómetros cúbicos.
El decreto aprobado por el Gobierno prevé una reserva de caudal ecológico del Tajo de 7 hectómetros cúbicos hasta el año hidrológico 2025-2026, cuando se incrementará hasta los 8,65 hectómetros, lo que, según la ministra, debería dar tiempo a que las inversiones comprometidas en cuestiones como la desalación y la reutilización de aguas -”las mayores que nunca se han aprobado para un plan hidrológico”- surtan efecto.
En el debate de las Corts, la síndica del PP, María José Catalá, ha acusado a Puig de “ceder y callar” ante el “mayor ataque a los regantes en la etapa democrática”, y la de Ciudadanos, Mamen Peris, ha pedido llevar a los tribunales el recorte del trasvase Tajo-Segura que implica ese decreto.
Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara los nuevos planes de cuenca, Puig ha explicado que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que haga un informe sobre el trasvase del Tajo y ha dicho que todo lo que sea “lesivo” para los valencianos se recurrirá, pues en 40 ocasiones se ha recurrido a los tribunales el trasvase del Tajo-Segura, y se seguirá haciendo si es necesario.
No obstante, ha considerado que en ese acuerdo hay cuestiones positivas, como la comisión de seguimiento de las masas de agua y las inversiones que se van a hacer en las cuencas, y ha insistido en que la “hoja de ruta” del Consell es la del “agua para siempre” y que eso se consiga con “la menor crispación posible”.