Hace unos días el Ministerio para la Transición Ecológica de España concedió la autorización de construcción de la Planta Solar Fotovoltaica ATALAYA ubicada en la Boquera, desde las casas del Zaricejo hasta Primadomus, cuya superficie ocupará nada menos que 154,33 hectáreas de terrenos agrícolas, lindes, taludes y caminos, equivalente en superficie a 15 veces la pedanía de las Virtudes.
A través de Salvatierra, llevamos desde 2021 denunciando pública y administrativamente la tragedia ambiental que supondrá la construcción de dicha instalación y toda su infraestructura, y solicitando la NO APROBACIÓN de la planta así como del resto de los otros 9 proyectos más en el valle, que van a convertir el paisaje en un mar de zahorra, vallados, paneles fotovoltaicos, torres eléctricas y cableado estructurado, transformando súbitamente un paisaje agrícola a los pies de la Sierra de Salinas.
El daño ambiental será irreparable. La planta solar ATALAYA es uno de los proyectos fotovoltaicos que más espacio van a ocupar en Villena, lindando con el espacio protegido de la Sierra de Salinas. Además, el efecto acumulativo con el resto de proyectos que comienzan a continuación de este, todavía tendrán una incidencia ambiental mayor. Este efecto negativo conjunto por la acumulación de proyectos en una misma zona no ha sido valorado en ninguno de los estudios ambientales de ninguno de los proyectos del valle, siendo real y físicamente un MEGA PROYECTO que ocupará toda la superficie desde Santa Eulalia hasta muy próximo al límite con la vecina localidad de Yecla a través de la carretera a Pinoso, ocupando literalmente una superficie mayor a las 1.000 hectáreas de terrenos agrícolas y paisaje agro-forestal.
Este conjunto de proyectos aparecen ubicados en los límites de un espacio protegido llamado ZEPA Sierra de Salinas, un espacio perteneciente a la Red Natura 2000 y que trata de proteger a las especies de aves que están amenazadas en un determinado territorio. Si bien, la proximidad a estos espacios protegidos donde se pretenden instalar los proyectos son de una enorme afectación para la conservación de las especies de animales que se alimentan, dispersan, relacionan y buscan cobijo en las áreas que van a ser ocupadas por paneles solares.
A pesar de que el estudio inicial del proyecto de la planta solar Atalaya indique que en la zona no hay ninguna especie protegida o amenazada, cosa que podría causar ciertos inconvenientes para la autorización del proyecto, lo cierto es que tras nuestra visita detectamos la presencia de numerosas especies de flora catalogada y protegida, hábitats prioritarios protegidos por la Unión Europea, además del impacto sobre el área de dispersión, campeo y alimentación de muchas de las especies de aves protegidas en la zona de especial protección para las aves de la Sierra de Salinas, poblaciones de especies de invertebrados catalogados de “En Peligro de Extinción” e incluidos en el Libro Rojo de los Invertebrados de España, aves protegidas como los abejarucos o grandes aves como el águila real.
Además, todo el valle en su conjunto es un corredor ecológico, imprescindible para la sostenibilidad y conservación de estas especies y la protección de los hábitats, un espacio donde se pretenden eliminar miles de pies de almendros y olivos en pro de la sostenibilidad, y la destrucción del sector primario donde se pretende expulsar a agricultores de las tierras, que en la mayoría de casos son personas mayores.
Por si fuera poco, estos proyectos tan devastadores del paisaje están obligados a presentar una serie de medidas compensatorias para contrarrestar el impacto ambiental de la obra, con propuestas que tienen un sentido antes anecdótico que realmente vinculado con las afecciones y la posibilidad de promoción ambiental y de la biodiversidad del área afectada.
Es inaceptable que la ocupación por paneles solares de 154,33 ha de superficie de un espacio rural-forestal solo motive la instalación de 5 cajas nido para aves, una charca, un programa de seguimiento de murciélagos y un proyecto pedagógico.
Las pérdidas de servicios ecosistémicos, urgen de una mayor cantidad de medidas y actuaciones mitigadoras para compensarlas y ofrecerlas de otras maneras.
Por estos motivos volvemos a presentar una denuncia administrativa ante la fiscalía por un delito contra el medio ambiente y solicitar nuevamente la suspensión del proyecto, en nombre de aquellos que luchamos por proteger nuestro territorio.