El pleno aprueba en esta segunda tanda las subvenciones destinadas a las poblaciones de más de un millar de habitantes y EATIMs, resultando beneficiados 90 ayuntamientos
- En la primera resolución se aprobaron 8,3 millones de euros para los 50 pueblos de menos de mil habitantes de la provincia
- La institución impulsa también una partida de 650.000 euros para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico municipal
- Toni Pérez: “Volvemos a demostrar con inyecciones económicas reales y efectivas que esta equipo de gobierno está volcado con nuestros municipios y con los ciudadanos de esta provincia”
09-11-24.- El pleno de la Diputación de Alicante ha completado esta mañana el reparto de ayudas del Plan +Cerca 2024 con la distribución de otros 23 millones de euros entre 88 municipios de más de un millar de habitantes y dos entidades locales menores. Esta segunda resolución de ayudas se suma a las otorgadas en el marco de este programa el pasado mes de julio a 50 ayuntamientos de menos de mil habitantes por más de 8,3 millones de euros.
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha resaltado al finalizar el pleno la “diligencia con la que se han resuelto estas ayudas – más de 31,4 millones de euros en total– para que el dinero llegue cuanto antes a los ayuntamientos y puedan hacer frente a gastos como el mantenimiento de colegios, bibliotecas, instalaciones deportivas o parques y jardines”. Asimismo, ha vuelto a defender la fórmula escogida este año para que el importe total del programa se haya destinado a financiar gasto corriente “dotando de liquidez a las economías locales y evitando comprometerlas en inversiones en obras e infraestructuras que requieren una tramitación mucho mayor y compleja y, por tanto, más larga en el tiempo”.
En este mismo punto, el presidente de la Diputación ha añadido que “frente a aquellos que hablan de inmovilismo de este equipo de gobierno, hoy volvemos a demostrar una vez más que esta institución cumple con los ayuntamientos de la provincia y con sus ciudadanos impulsando ayudas económicas reales y efectivas que contribuyen a mejorar la calidad de vida en nuestros municipios”.
En esta segunda resolución, correspondiente a municipios de más de mil habitantes y entidades locales menores, se han articulado dos líneas de ayudas: 20.154.000 euros a 90 ayuntamientos en el marco de la convocatoria para gastos corrientes de la anualidad 2024; y otras 8 subvenciones por 2.948.500 euros, también para gasto corriente, para los municipios y entidades menores que no se beneficiaron del Plan +Cerca en 2023. La practica totalidad de las entidades locales solicitantes no han renunciado al anticipo por lo que se abonará el cien por cien de la subvención con la resolución.
Patrimonio arquitectónico municipal
Por otra parte, durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de septiembre, todos los grupos han dado el visto bueno a la nueva convocatoria del Plan Provincial de Ayudas a la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de carácter histórico municipal. Este programa está dotado inicialmente con 650.000 euros y podrán beneficiarse del mismo los ayuntamientos de menos de dos mil habitantes de la provincia.
Mociones
Fuera del orden del día y en el apartado de mociones, se han debatido diferentes propuestas presentadas por los distintos grupos políticos.
Por un lado, el Grupo Popular ha presentado un texto para mostrar su rechazo a la eliminación de la figura del juez de paz que recoge el Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia del servicio público de Justicia promovido por el Gobierno central, a quien reclama, además de su permanencia, que se le dote de los recursos materiales y humanos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente. En este sentido, el equipo de gobierno provincial, que ha contado con el respaldo de Vox y Compromís en la votación, ha defendido el papel desempeñado por los jueces de paz como mediadores, así como su labor desde una perspectiva humanista como constitucional. El Grupo Socialista se ha abstenido al argumentar que la ley referida todavía se está tramitando, aunque ha mostrado su apoyo a esta figura.
Los populares también ha aprovechado la sesión plenaria para condenar los ataques contra la bandera de España y el president de la Generalitat Valenciana por parte del independentismo catalán, que el pasado mes de agosto quemó una imagen de Carlos Mazón durante las fiestas del barrio de Vila de Gràcia de Barcelona. “Este acto violento no es solo una ofensa personal sino una agresión directa a nuestra Estatuto de Autonomía y contra la territorialidad, integridad y dignidad de la Comunitat Valenciana y de España en su conjunto”, han señalado desde el Grupo Popular, que ha exigido a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno central que condenen estos hechos y garanticen el respeto a nuestras señas de identidad.
Desde la oposición, Vox ha votado a favor, mientras que el PSOE se ha abstenido tras rechazarse la enmienda parcial que ha presentado para incorporar a la moción referencias a otros ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Compromís se ha mostrado también contrario a la quema de la bandera y la foto de Mazón, pero ha argumentado no compartir los puntos 4 y 5 de la resolución al entender que atribuían a la Generalitat y al Gobierno central la responsabilidad de estos actos.
Por otra parte, los grupos Socialista y Compromís han presentado sendas mociones para mostrar su apoyo al Grado de Medicina en la Universidad de Alicante, una cuestión que está pendiente de decisión judicial tras el recurso presentado por la Universidad Miguel Hernández. Ambas formaciones han argumentado la alta demanda de plazas para estudiar Medicina, su impacto en el sector de la salud y la experiencia de la UA, entre otras razones, para respaldar la creación de esta carrera en el campus alicantino, que ha empezado a impartirse este mismo curso tras la autorización de la ANECA. Asimismo, han acusado al actual Consell de ‘boicotear’ a la universidad alicantina tras retirarse del proceso judicial que inició la UMH.
El diputado del equipo de gobierno, José Antonio Bermejo, ha justificado el voto en contra a la moción del Grupo Popular alegando que la Generalitat “ha tratado en todo momento que ambas universidades negociarán y acercarán posturas” y ha defendido que desde la Diputación “no debemos postularnos por ninguna universidad y mantenernos neutrales”. Asimismo, ha defendido el proyecto de creación de un gran campus universitario de la salud propuesto por Mazón “donde la titulación de Medicina sería conjunta de las dos universidades”. Vox ha optado por la abstención, ya que se trata, ha dicho, de un tema judicializado.
Por otra parte, desde las filas socialistas también se ha presentado una propuesta en la que se solicita que se aumenten las ayudas sociales que de forma extraordinaria impulsa la Diputación de Alicante ya que estas, según señalan, se han recortado en 14 millones de euros con respecto al pasado ejercicio. La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha justificado ese descenso porque “hay municipios que ni siquiera las solicitaron en el pasado ejercicio y otros que no las pudieron gestionar en su totalidad”.
Asimismo, en otra moción también defendida por el PSOE se ha instado a la institución provincial a cumplir con los acuerdos alcanzados en 2020 y 2023 y acelerar el proceso de transferencia de las competencias impropias a la Generalitat, en especial aquellas relacionadas con los servicios sociales como el Hogar Provincial o el Centro Doctor Esquerdo, al tiempo que se ha pedido un calendario ‘claro y definitivo’ del traspaso. En este punto, el diputado del Doctor Esquerdo ha indicado que “el PSOE llega ocho años tarde en su petición” y ha recordado, al respecto, que el nuevo Consell “ha tardado solo un año en saldar una deuda histórica con la Diputación” tras el reciente anuncio del traspaso de competencia de este complejo de salud mental a la Generalitat. Tanto PP como Vox han votado en contra de la moción, que sí ha contado con el apoyo de Compromís.
Finalmente, Vox ha presentado para su debate un texto para solicitar la ampliación del servicio público de taxis en la provincia de Alicante. Entre otras medias, propone que se agilicen por parte de las administraciones competentes la concesión de licencias y se aumente la disponibilidad de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. El Grupo Popular ha rechazado la propuesta por entender que no es competencia de la Diputación, el Grupo Socialista se ha abstenido y Compromís la ha respaldado.