El Campello aprueba definitivamente la actualización de la tasa de recogida de residuos para cumplir con la normativa europea

Tras desestimar las alegaciones presentadas por los grupos municipales Per El Campello, Vox (en este caso sin perjuicio de acordar el inicio de expediente que permita estudiar la incorporación de las bonificaciones propuestas en el ejercicio siguiente), EU-Unides Podem, y algunas planteadas por particulares y colectivos, muchas de ellas “con idéntico contenido”, y estimar íntegra o parcialmente otras planteadas por la Asociación Vecinal Campellera, el pleno del Ayuntamiento de El Campello ha aprobado hoy con carácter definitivo la modificación de la ordenanza fiscal que regula de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación.

 

 

Se atiende así una normativa europea de obligado cumplimiento para todos los municipios, asumida por el Gobierno de España, que indica que la tasa debe cubrir el coste del servicio. La modificación de la tasa se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda entrar en vigor en el ejercicio 2025.

El acuerdo consiste en modificar el punto de la Ordenanza Fiscal reguladora de esa tasa, de acuerdo a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece en su artículo 24 que el importe de las tasas por la prestación de servicios no puede superar el coste real o previsible del servicio, aplicando el principio de equivalencia.

El punto ha sido aprobado con los votos favorables del PP y VOX, en contra de los concejales del PSPV-PSOE Raquel Marín y Yeray Hernándes, Per El Campello y EU-Unides Podem, y las abstenciones de los concejales del PSPV Vicent Vaello y Guadalupe Vidal.

Se motiva en el acuerdo que existen informes “suficientes y necesarios” para la modificación de la ordenanza, con la fundamentación y justificación pertinente que permite a los ciudadanos conocer los motivos de dicha modificación y la fórmula para el establecimiento de la nueva cuota tributaria. De la simple revisión del expediente, se comprueba que se han seguido escrupulosamente todos los trámites, actos y acuerdos preceptuados por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Como ya hizo en octubre, cuando fue aprobada la modificación con carácter provisional, el propio alcalde Juanjo Berenguer (en calidad de concejal responsable directo del área de Hacienda), ha señalado que el modo elegido por el Ayuntamiento para la actualización de la tasa es un sistema que analiza el comportamiento detectado según las zonas del municipio, partiendo de criterios técnicos y estadísticos teniendo en cuenta aspectos como la densidad poblacional, el número de viviendas, el número de empadronados en dichas viviendas, la cantidad de recibos de basura emitidos en dicha zona, la superficie construida en la misma e incluso ponderando los resultados de acuerdo al valor medio del metro construido atendiendo al valor catastral de los inmuebles par así tener en cuenta el principio de capacidad económica de la ciudadanía.

De esta manera se pondera la tasa de acuerdo a las zonas que tienen una generación de residuos mayor, y la resultante se modula de acuerdo al principio de mayor capacidad económica en torno al valor por metro cuadrado. Eso explica que se haya dividido el término municipal en 14 zonas diferenciadas, a las que se plantea aplicar tasas diferenciadas.

La ley señala que la tasa debe cubrir el servicio que se presta, y que ésta debe actualizarse si existe una variación sustancial en el coste neto, como ha ocurrido en los últimos ejercicios. Ese coste en El Campello alcanza un total de 5.086.140,84 euros anuales. Sin embargo, dado el acuerdo que se mantiene con el Consorcio Mare que explota la planta de tratamiento de residuos localizada en su territorio, se descuenta lo que el municipio deja de pagar por depositar allí sus residuos, que ascendería a 1.747.822 euros. Por ello, el coste real y efectivo del servicio asciende a 3.338.318,84 euros.

“QUIEN CONTAMINA PAGA”

La normativa europea es muy estricta en este asunto, de acuerdo con el principio de “quien contamina paga”. Bruselas impone que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos.

El equipo de gobierno señala que mantener la tasa actual podría llevar a déficit en el servicio de recolección de basura, obligando al municipio a endeudarse o recortar otros servicios. Un incremento adecuado de la tasa evitará recurrir a endeudamiento o gastar más de lo necesario en otras áreas”.