El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha ganado una sentencia que condena al Ayuntamiento de Castalla a pagar 30.000 euros a dos trabajadores, por acoso laboral. El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante ha estimado la demanda de vulneración de derechos fundamentales interpuesta por los demandantes contra el Ayuntamiento de Castalla y el capataz.
El fallo de la sentencia declara la vulneración del derecho fundamental a la dignidad y a la salud de los afiliados al SEP-CV y condena a los demandados a indemnizar solidariamente a cada uno de los trabajadores con la cantidad de 15.000 euros.