La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja quiere manifestar su sorpresa e indignación en relación a las declaraciones aparecidas últimamente en los medios de comunicación, por parte de la empresa pública Acuajúcar derivadas del Aval aprobado por la Generalitat Valenciana de 950.000 Euros a la Junta Central.
El Aval ha sido prestado por parte de la Generalitat Valenciana en relación a un crédito pedido por la Junta Central para diferir lo ya pagado por la Junta, más de 750.000 Euros por gastos pagados como consecuencia del Trasvase Júcar-Vinalopó. Para hacer frente al coste a pagar por los usuarios en las obras del Trasvase, y en cumplimiento del Convenio suscrito con Aguas del Júcar S.A. la Junta solicitó y obtuvo un crédito sindicado de 75 millones de Euros, ascendiendo los gastos de apertura, notariales, comisiones bancarias, intereses, etc., como se dice a más de 750.000 Euros, crédito que se tenía habilitado para pagar la parte correspondiente a los usuarios en las obras de construcción del Trasvase Júcar-Vinalopó, según estaba aprobado y en ejecución.
El 4 de Febrero de 2.005 el Presidente de la actualmente denominada Acuajúcar y a la vez Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar D. Juan José Moragues Terrades convino con la Junta Central que la aportación de los usuarios para la construcción se efectuara vía tarifas en función del agua que efectivamente se recibiera, incluyéndose como componente de las tarifas, los gastos satisfechos por la Junta relacionados directamente con la construcción. Prueba evidente de ello es que en el mes de Mayo de 2.005 se encargó por Aguas del Júcar S.A. un estudio tarifario al Profesor D. Martín Sevilla Jiménez con el objetivo de estudiar los costes de extracción de los usuarios y que las tarifas a establecer para la construcción y explotación de la obra del Trasvase Júcar-Vinalopó fueran similares a dichos costes, habiéndose facilitado al Sr. Martín Sevilla los datos que solicitó para tal fin.
Por ello lo lógico es diferir lo ya pagado por la Junta hasta la llegada de los caudales del Júcar, y esa es la finalidad del crédito que avala la Generalitat, para entonces repercutir tales costes en las tarifas, devolviéndose el crédito en un plazo de 4-5 años desde la efectiva llegada de los caudales. El Aval lo presta la Generalitat al tratarse de una cuestión que afecta directamente a intereses públicos, a una obra de vital importancia para la provincia de Alicante, para más de 50.000 hectáreas de regadío y una población de 1.500.000 habitantes. Se lo ha solicitado además la Junta Central de Usuarios que es una entidad de derecho público y que defiende lo que considera justos para sus usuarios.
La finalidad pues del Aval es la que se ha señalado y no otra y Acuajúcar o cualquier otro representante público tiene a su disposición en la propia Junta toda cuanta información desee sobre el tema. Es una operación totalmente transparente y por ello son falsas las imputaciones de que se quiera financiar una denominada guerra del agua.
Es triste comprobar las presiones y chantajes a los que se están viendo sometidos los usuarios de la Junta Central por parte de algunos responsables de una empresa pública, Acuajúcar, que obtiene sus fondos y recursos económicos de ingresos públicos, que parecen estar más preocupados, en vez de trabajar para solucionar los graves problemas del uso del agua cuya gestión tiene encomendada, en utilizar parte de los recursos públicos en lanzar campañas insidiosas con fines partidistas. Basta señalar que hace más de un año la Junta Central solicitó la creación de una mesa de concertación para tratar conjuntamente todos los problemas del sistema Vinalopó Alacantí, avalada por la propia Ministra, que nos consta dio instrucciones para que la convocara y que los responsables de Acuajúcar no la han convocado. La Junta ha insistido a través de múltiples escritos y solicitudes dirigidos tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar como a la ahora Acuajúcar hacer viable el Trasvase Júcar-Vinalopó, manteniendo las reuniones precisas para ello y obteniendo frente a dichas peticiones, en defensa además de los intereses de los usuarios a quienes representa la Junta, únicamente declaraciones de responsables de Acuajúcar ante los medios de comunicación que lo único que consiguen es crear confusión y crispación.
El fin último que persigue la Junta Central es servir coherentemente los intereses de sus usuarios y trabajar para solucionar los graves problemas de sobreexplotación que sufren los acuíferos del sistema Vinalopó-Alacantí, deseando que por ello todas las Administraciones y la empresa pública que tiene la encomienda de ejecutar el Trasvase Júcar Vinalopó, dirigieran sus esfuerzos para el mismo fin.
Fdo.: Junta Central de Usuarios del Vinalopó,
Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja