El portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Amorós, calificó de urgente y necesaria esta moción para despejar las dudas sobre la clase política española y, en especial, alicantina. El PSOE exigió al PP el apoyo a un decálogo de buenas prácticas que exija mayores medidas reguladoras de la acción urbanística en los municipios. Sin embargo, el PP se opuso alegando que entre sus filas no se cometían ningún tipo de abusos ni existían cargos públicos del PP imputados en asuntos urbanísticos.
Al respeto, Amorós recordó al Grupo Popular en la Diputación Provincial que en la provincia de Alicante están imputados por cuestiones relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio a cuatro alcaldes, el de Alicante, Torrevieja, Orihuela y Hondón de los Frailes, todos ellos del PP. El portavoz socialista también señaló situaciones cometidas por el conseller de Territorio, Esteban González Pons, al que consideró de inquisidor por su decisión tomada en el Ayuntamiento de Catral. En opinión de Amorós, Pons con sus decisiones como la legalización de una macrourbanización en Castalla invita a los ciudadanos a construir sin permisos, a urbanizar sin respeto a la legislación y a obviar una ordenación urbanística razonable.
Para los socialistas, la responsabilidad última de cualquier puesta en marcha de una urbanización, siempre recae sobre la Conselleria de Territorio y Vivienda. Amorós señaló que ningún ayuntamiento puede por sí solo reclasificar terrenos, sea cual sea el instrumento de planeamiento utilizado la aprobación definitiva del mismo siempre corresponde al Consell.
La moción socialista reclamaba una rectificación de las políticas urbanísticas a todos los niveles, ante el desordenado desarrollo ha ido creando paulatinamente ciudades donde el flujo humano y social se ha tenido que someter al urbanismo salvaje. Amorós señaló que las políticas urbanísticas del Consell, liderado por Francisco Camps, se ha constituido como el principal agente urbanizador y uno de los cómplices del desorden, del abuso urbanístico cometido contra los ciudadanos y la creación de planes que devastan el territorio valenciano y atenta contra los parajes naturales de la Comunidad.
Situación que, según Amorós, ha sido fruto de una decisión del PP que permitió con el artificio legal que permite a la actual Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de Aznar, calificando cualquier terreno rústico en urbanizable, y por lo tanto urbanizable.
DECÁLOGO
Para atajar esta actual situación, que repercute directamente en un derecho constitucional como el acceso a la vivienda digna, Amorós reclamó el apoyo a los 10 puntos presentados en el pleno ordinario celebrado hoy. Y exigió a la Diputación que los sucesivos planes, programas y convocatorias de esta Institución, en todos aquellos ayuntamientos cuyos alcaldes se encuentren imputados en causas judiciales que conciernan a urbanismo, la propia Diputación Provincial asuma íntegramente la gestión de esas obras, hasta que se demuestre la inocencia del alcalde.
El decálogo socialista presentado en la Diputación Provincial de Alicante, no aceptado por el PP, exigía una función social de la vivienda, que incluyera el compromiso de reserva de un mínimo del 25% del suelo residencial para vivienda de protección oficial (VPO), con el objetivo del segundo punto de establecer ciudades habitables, con servicios sanitarios, educativos y sociales de acceso público y universal.
La propuesta socialista también exigió ciudades habitables, con un compromiso de rehabilitación de los barrios más degradados, frente a la construcción de nuevos proyectos urbanísticos. El decálogo establecía la protección del patrimonio natural bajo un principio básico de competir en calidad y no en cantidad en materia de construcción, haciendo de la actividad urbanística una herramienta de crecimiento ordenado.
Además, en aras de acabar con los abusos cometidos desde los ayuntamientos con la connivencia de la Conselleria, último responsable en autorizar todas las planificaciones urbanísticas desde la Diputación se debía impulsar a las administraciones competentes a perseguir recalificaciones indiscriminadas, someter a información pública la gestión urbanística, así como perseguir las recalificaciones indiscriminadas.
Finalmente, el decálogo propone que las plusvalías revertirán en el interés general de la sociedad y no en el de unos pocos, al tiempo que se hace un llamamiento colectivo para potenciar la lucha contra las prácticas ilegales y fraudulentas.