Un alto cargo del PSPV, miembro del sanedrín en el que se prepara a Joan Ignasi Pla para que éste intente alcanzar la Presidencia del Consell el año que viene, sostenía, medio en broma, medio en serio, hace un par de meses, tras el último desencuentro entre Aguas del Júcar y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó que el problema del agua en Alicante se solucionaba eliminando a Andrés Martínez (usuarios) y José María Marugán (Administración). Quizá se quedó corto.
Unos sesenta días después de aquellas palabras que, como siempre, negaría hoy hasta la muerte, la batalla del agua en la provincia ha alcanzado su punto más álgido e irracional con la adjudicación de un proyecto que entre pitos y flautas saldrá finalmente por los 250 millones de euros (más de cuarenta mil millones de las antiguas pesetas), y cuya ejecución tiene como destino llevar agua a unos usuarios que no la quieren. Para entendernos mejor, algo así como si ahora mismo el Ministerio de Sanidad o, en el caso autonómico la conselleria de Rafael Blasco, de todo se puede esperar en este caso, aprobara la construcción de un hospital en una isla desierta.
A la hora de escribir estas líneas sólo los Ayuntamiento de Villena y Elche han manifestado oficialmente la intención de solicitar a Aguas del Júcar 2,7 hm3 de los 80 hm3 del agua que llegarán de Cullera todos los años.Cuatrocientos años fueron necesarios para que Valencia cediera y aceptara enviar agua a las resecas tierras del sur de la Comunidad y dos años y tres meses para que el proyecto del Júcar-Vinalopó saltara por los aires.
El Ministerio de Medio Ambiente, que tiene todo el derecho del mundo a modificar la política hídrica, lo ha hecho, en caso de la provincia de Alicante, sin contar con los usuarios e imponiendo por las bravas y emulando así a cierto ministro popular de Agricultura, una solución diferente e impuesta a unos administrados que, por mucho que sostengan sus altos y muy bien pagados cargos públicos aquí, en Valencia y en Madrid, no la quieren por pura lógica y convicción. Hace un año el equipo que le lleva la cosa hídrica a Pla admitía que no habían sabido explicar a la provincia los cambios. Trescientos sesenta y cinco días después, la situación está mucho peor. No sólo siguen sin explicarse, es que no les da la gana. ¿Quizá no tengan argumentos?
El próximo día 28 se cumplirá un año de la decisión del consejo de administración de Aguas del Júcar (una sociedad cuya composición es tan surrealista que no hay ni un representante alicantino) decidiera finiquitar un trazado ejecutado en un 30%, que había pasado todos los controles ambientales y técnicos, que contaba con la calificación de «Gran Proyecto Feder» de la UE con una financiación asegurada de 80 millones de euros y que, hasta entonces, se desarrollaba sin problemas.
La presión de plataformas, muchas de ellas impulsadas por alcaldes socialistas, y grupos ecologistas, acabó por dinamitar los trabajos encontrándonos un año después con una serie de empresas redactando el proyecto constructivo de una canalización que, insisto, no quiere nadie en Alicante y, lo que es peor, por la que llegará hasta la provincia agua residual depurada después de recibir pesticidas de todo tipo.
Nadie duda de la veracidad de los informes que maneja Aguas del Júcar y que garantizan la viabilidad agrícola del caudal del Azud de la Marquesa, pero nadie puede negar tampoco que se trata de un recurso que aunque se capte en superficie, no es el de Cortes de Pallás. Caudal éste último que formaba parte del primer proyecto y por el que alcaldes socialistas como Diego Maciá (Elche), Vicenta Tortosa (Villena) o Roberto Iglesias (Aspe), entre otros, brindaron con cava el 8 de julio en una comida en Ayora presidida, entre otros, por José María Marugán y Andrés Martínez. El primero no deja de ser un empleado cualificado y aplicado de la Administración que hace lo que le mandan y que lo mismo que hoy defiende la toma en Cullera, mañana puede sorprendernos asegurando que estudios técnicos garantizan que lo mejor y más viable técnica y económicamente es traer el agua del Mississipi.
El segundo, al que el Ministerio de Medio Ambiente y el PSPV ha dirigido toda su artillería pesada ha cometido dos fallos. El primero, creer firmemente en lo que hace y defender a ultranza el proyecto cuando para él -al que no le falta agua de calidad- lo más cómodo incluso hubiera sido retirarse de la primera línea de la batalla del agua. El segundo, vilipendiado por el PSPV Martínez se ha acercado demasiado a la tela de araña tejida por el PP, que si bien es el único que le ha mostrado cariño, lo ve, salvo el conseller José Ramón García Antón, como un peón más en la lucha para desgastar políticamente a los rivales, sean del otro partido o del propio. Odios, algunos semifraticidas de unos y cariños poco recomendables de otros le han puesto, injustamente, en el disparadero.
Y mientras el camino para que llegue agua de calidad a la provincia de Alicante se envicia por la guerra sucia que libran unos y otros, el Júcar-Vinalopó corre el riesgo de verse envuelto en una maraña judicial o, lo que es peor, no ejecutarse jamás con lo que el estoque a la agricultura provincial será definitivo. Miguel Iborra, debe estar retorciéndose allá donde se encuentre. El agua por la que tanto luchó contra unos y otros, independientemente de sus siglas, llegará, en principio, para baldear calles y regar jardines en Elche y Villena después de bombearla casi 800 metros. Sí, Miguel a mí también me parece una burrada irresponsable.
F. J. BENITO – PERIODISTA