El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en el examen de oposición para 58 plazas de auxiliar administrativo, realizado el pasado 8 de febrero.
La propuesta, presentada de forma conjunta por PSPV y Compromís, pone el foco en la existencia de 42 preguntas cuyas respuestas correctas seguían un patrón visual identificable, ya fuera por la sangría a la derecha o la ausencia de mayúsculas al inicio de la frase. Ambas formaciones consideran que este hecho no fue un «error casual», sino que podría haber sido una acción intencionada para favorecer a determinados aspirantes.
Posiciones enfrentadas en el debate
Durante el debate en el pleno, los proponentes insistieron en la necesidad de determinar responsabilidades y esclarecer si se trató de un error involuntario o de una maniobra premeditada. El diputado socialista José Ramiro defendió que esta investigación es esencial para salvaguardar la dignidad de la institución y la labor de los funcionarios.
Por su parte, el representante de Compromís, Ximo Perles, afirmó que la Diputación tiene una credibilidad deteriorada y exigió que se averigüe quién permitió que el examen estuviera «amañado». Además, aprovechó para señalar que la hija del conseller Rovira formaba parte del tribunal, insinuando posibles conflictos de interés.
Estas declaraciones fueron reprochadas por el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien criticó a PSPV y Compromís por haber emitido ya un «veredicto» antes de que se realice la investigación.
El PP defiende la transparencia del proceso
Desde el equipo de gobierno, la diputada de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, aseguró que la Diputación ha actuado con total transparencia, permitiendo la creación de la comisión sin oposición. No obstante, acusó a PSPV y Compromís de querer «ganarse un titular» con este asunto, pese a que el error ya ha sido subsanado.
Cabe recordar que, tras la denuncia pública de los opositores, el examen original del 8 de febrero fue anulado y repetido el pasado 1 de marzo, garantizando así un nuevo proceso sin sospechas.
Con la aprobación de esta comisión, la Diputación de Alicante da un paso adelante para esclarecer los hechos y determinar si es necesario emprender acciones disciplinarias contra los responsables de la posible filtración o fallo en el diseño del examen.