Artículo de opinión: 50º Aniversario (II)

Fernando Ríos Soler

Al terminar la guerra, en un discurso breve que fue difundido por todo el país, el dictador Francisco Franco dejó muy claro qué España quería para el futuro: un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que, dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo.

                En la práctica, el mensaje hablaba de la creación de un estado donde todas sus instituciones propias -Gobierno, Poderes legislativo, judicial, militar y cultural- y ajenas -caso de la Iglesia católica y la F.E.T. y de las J.O.N.S., único partido legalizado- estarían organizadas y gestionadas por lograr el ideal supremo del que hablaba Franco que no era otro que mantener la unidad de España y el catolicismo. Para ello se utilizaron dos vías efectivas: la represión directa y el control cultural, esto es, mental de la ciudadanía que iba a ser adoctrinada y así abandonar ese rango jurídico para pasar a ser súbdita -según la R.A.E.: persona sujeta a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle-.

Desmenucemos el primer apartado, referido a la represión directa porque, a juicio del régimen nuevo, la guerra continúa como manifestó Serrano Suñer, jefe de F.E.T. y de las JONS, cuñado de Franco y ministro de Asuntos Exteriores durante los primeros años de la Guerra Mundial. La novedad era que el bando nacional ya se había rendido y abandonado las armas; no tenía con qué defenderse, por lo que la caza de cualquier persona vinculada con el bando derrotado fue fácil, sistemática y despiadada; todos los resortes del nuevo estado se prestaron a ello.

La aprobación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 dio lugar a la creación de Tribunales Especiales de Justicia que, de inmediato, deliberaron en los asesinatos y demás delitos graves cometidos bajo el dominio rojo y sobre las personas responsables de los mismos. Hubo mucha gente que fue detenida tanto en España como en países europeos -contando con la inestimable ayuda nazi- que acabó sentenciada a la pena máxima y ejecutada a lo largo de la década de los años cuarenta. Otros miles de personas penaron largos años de cárcel atestadas y en condiciones higiénicas prácticamente inexistentes.

El mensaje era claro: durante los años republicanos se había producido un hecho históricamente insólito cuando sectores sociales que nunca habían tenido protagonismo alguno en la gestión del país creyeron haber llegado su momento; la represión fue tremenda precisamente por ello y, cada 1 de abril, el régimen dictatorial no celebraba un nuevo año de Paz -como difundía públicamente- sino que la fecha servía de recordatorio sobre cómo debía ser el orden social.

Para rebajar el tiempo de estancia en las cárceles franquistas, el régimen creó la conocida como redención por penas, que, en palabras más comprensibles, significó realizar trabajos en obras públicas, infraestructuras y reconstrucción de edificios. Multitud de empresas se beneficiaron de esta mano de obra reclusa que trabajó en condiciones de esclavitud y cuyos dirigentes pasaron a engrosar el clientelismo fiel y sumiso al régimen por los extraordinarios beneficios que consiguieron.