Desde hace unos cuantos años, las localidades envueltas en las Fiestas de Moros y Cristianos se han visto cómo se les ha ido complicando y recortando, de forma cada vez más drástica, el acceso a la pólvora, por no mencionar las condiciones, más y más restrictivas, que se imponen a los propios actos de disparo.
Los responsables de estas actuaciones, autoridades y cuerpos de seguridad (delegados del
Gobierno y Guardia Civil, respectivamente), alegan que no existe una normativa específica, lo que les obliga a aplicar por vía de analogía normas pensadas para situaciones que nada tienen que ver con estas fiestas.
La preocupación no es nueva. Desde hace años se viene desarrollando un debate, con apariciones puntuales en los medios de comunicación, que pide y propone, según los casos, soluciones al problema. Se han realizado estudios y hay, incluso, propuestas de normativa. La cuestión ha llegado a parlamentos autonómicos y hasta al mismo Congreso de los Diputados. Pero, por razones muy diversas, nada de todo esto ha ido más allá de las buenas intenciones y las promesas esperanzadoras.